Miqueas Martínez Secchi, médico residente del Hospital General José de San Martín de La Plata, fue despedido y denunciado penalmente luego de que se viralizara un tuit suyo con contenido antisemita y de extrema violencia, publicado en la red social X (ex Twitter).
La situación tomó estado público este lunes, tras la difusión de capturas de pantalla de una publicación atribuida a la cuenta @Miqveas, en la que se incitaba de forma directa y explícita a la violencia contra la comunidad judía. El mensaje fue eliminado posteriormente, aunque ya había sido replicado y documentado por otros usuarios.
La denuncia penal fue presentada por el abogado Jorge Monastersky y recayó, por sorteo, en el Juzgado Federal N.º 6 de Comodoro Py, actualmente subrogado por la jueza María Eugenia Capuchetti. Además de la acción judicial, el letrado solicitó la inhabilitación urgente del profesional, advirtiendo sobre el riesgo que podría representar para pacientes judíos bajo su atención médica.
Según consta en la presentación judicial, el contenido del mensaje no puede ser interpretado como una opinión, metáfora o expresión amparada por la libertad de expresión, sino como una incitación concreta a la violencia homicida, con descripciones explícitas del daño, lo que agrava su gravedad penal.
La denuncia sostiene que, de acuerdo con la información pública asociada a la cuenta —extremo que deberá ser corroborado durante la investigación—, el autor del mensaje sería Martínez Secchi, quien se desempeñaba como médico residente en el hospital platense. Las capturas del tuit fueron difundidas, entre otros, por el usuario Dani Lerer, quien no fue denunciado y solo dio a conocer el contenido antes de su eliminación.
Desde el punto de vista legal, los hechos fueron encuadrados de manera preliminar en los artículos 209, 149 bis (segundo párrafo) y 213 del Código Penal, así como en el artículo 3.º de la Ley 23.592, conocida como ley antidiscriminatoria. La denuncia remarca que estas figuras penales no solo buscan sancionar actos discriminatorios concretos, sino también prevenir la generación de climas de hostilidad social y violencia contra grupos protegidos.
Entre las medidas solicitadas al juzgado se incluyen la validación de la denuncia, la preservación de la evidencia digital, la designación de peritos informáticos y la continuidad de la investigación con todas las pruebas que se consideren pertinentes.
El caso continúa bajo investigación judicial.
